Cómo responder a la amenaza terrorista
¿Cómo puede responder Europa con eficacia a la amenaza terrorista?
Autor: Angel Fernández Millán, periodista
Fecha: 3 de enero de 2005
La pregunta que da título a esta reflexión nos lleva a otra: ¿Para qué están los ejércitos?. Con la Constitución en la mano de cada uno de los países europeos se responderá que para defender la integridad territorial y los intereses de cada nación de ataques del exterior. Pero la definición del papel de los ejércitos en los textos constitucionales ha quedado practicamente inservible para dar respuesta a las demandas de las sociedades actuales.
Hoy, el o los enemigos se han globalizado por una parte y se han deslocalizado por otra. Ya no están en la trinchera de enfrente, ni al otro lado de la frontera. Tampoco sirven las maquetas de los grandes campos de batalla de antaño para ensayar conflictos futuros. Hoy, los enemigos son las organizaciones criminales que trafican con personas en busca de una vida mejor, con drogas, con armas o con diamantes ensangrentados. Los enemigos ya no viajan en carros de combate o en fragatas erizadas de misiles. Utilizan inocentes pesqueros, agradables embarcaciones de recreo, camiones de mercancías o furgonetas de reparto de comida a domicilio cargadas de explosivos.
Hasta ahora, la seguridad era un atributo, un patrimonio más del poder establecido. Las tropas y las fuerzas de seguridad guardaban, fundamentalmente, los bastiones y las fortalezas del Estado: sus redes de cuarteles, de oficinas de recaudación de tributos, de comisarías,... En la actualidad, todo el tejido social y las estructuras de las sociedades desarrolladas son objetivos del terror organizado. La utilización de aviones y trenes como vectores de los ataques, la no distinción entre objetivos civiles y militares, así como la estrategia deliberada de atacar las grandes concentraciones humanas, configuran un escenario en que toda la imaginación y la creatividad posibles se quedan cortas para prevenir los sueños negros de los terroristas.
Por todo ello, el papel de los ejércitos, las misiones a desempeñar por las Fuerzas Armadas han de ser revisadas a fondo para adaptarlas a las necesidades del presente y del porvenir. Las marinas y las fuerzas aéreas son los instrumentos más utilizables por el Estado para ayudar a que se cumpla la ley por tierra, mar y aire. El miedo de los políticos y de la sociedad al poder militar ha mantenido a los profesionales de la milicia alejados de cambios e innovaciones organizativas.
Se podrá invocar la creciente participación de las Fuerzas Armadas en misiones humanitarias y en fuerzas de interposición para apoyar la tesis del cambio militar ocurrido en Europa en los últimos sesenta años, pero la realidad es que las bases aéreas y navales, no son otra cosa que gigantescos aparcamientos de barcos y aviones a la espera de una crisis más o menos cercana. Entretanto, la colaboración de los ejércitos en operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad sigue siendo la excepción que confirma la regla.
Los recursos materiales y humanos de las marinas militares deben ser empleados con eficacia y rentabilidad social, porque están pagados con el dinero de nuestros impuestos. Si las embarcaciones de los servicios policiales marítimos son insuficientes para atender las necesidades más perentorias o si las empresas de salvamento y rescate no cumplen con sus obligaciones, hay que recurrir a las Fuerzas Navales. Igual que hay que pedir a la Aviación para la vigilancia costera y la prevención de las infracciones que cometen las navieras sin escrúpulos que atentan contra el medio ambiente, la seguridad y la vida de las especies marinas.
La ciudadanía responsable tiene que decir no a los políticos irresponsables que malgastan el dinero de sus presupuestos enviando a sus soldados a guerras de agresión y juegan con la vida de los hijos del prójimo, pero nunca con la de los suyos. Pero todos tenemos que apoyar el empleo eficaz de los ejércitos en la solución de los problemas de seguridad para los que solo infraestructuras potentes como las militares pueden hacer frente con garantía de eficacia.
Es verdad que, tras el 11 de septiembre de 2001 y después del 11 de marzo de 2004, se han empleado miles de soldados en toda Europa para vigilar vías férreas, presas, puertos y aeropuertos, pero una vez más los gobiernos han empleado criterios obsoletos para intentar solucionar los problemas de un presente en contínuo cambio. Se han utilizado parámetros cuantitativos y no cualitativos: la fuerza del número, de la cantidad en vez de soluciones innovadoras.
Las respuestas creativas a las viejos y nuevos problemas que plantea la inseguridad global creada por el terrorismo difuso de Al Qaeda y sus miles de células durmientes y muy despiertas, al mismo tiempo, encuentra una notable resistencia en los cuadros dirigentes de los sectores públicos y privados.
En Argentina, cerca de un cuarto de millón de personas se han manifestado y han pedido por escrito al Parlamento una serie de medidas muy concretas para luchar contra el crímen organizado. Entre ellas está la supresión de las tarjetas prepagadas y anónimas para los usuarios de los teléfonos móviles, una medida que el Ministerio del Interior de España quiere implantar y que pide a la Unión Europea que se extienda a los 25 países que la integran, sin que la UE hasta el momento haya sido muy receptiva, a pesar de lo eficaz de la medida en la lucha contra la delincuencia.
La resistencia a los cambios legislativos y normativos que se introducen para ser eficaces en la lucha contra la amenaza terrorista es moneda corriente en los grandes lobbys de las multinacionales del dinero y del crédito en Europa. Una de las iniciativas de la estrategia europea acordada tras el 11 de septiembre para combatir el terrorismo fue la creación de una base de datos en colaboración con las cuatro federaciones europeas de entidades de crédito ( la Federación Europea de Bancos, el Grupo Europeo de Cajas de Ahorro, la Asociación Europea de Cooperativas de Bancos y la Asociación Europea de Bancos Públicos) que incluyera a las personas y grupos sancionados por la UE por su vinculación con el terrorismo y los regímenes castigados por violar los derechos humanos.
La medida se acordó ponerla en práctica en octubre de 2003, pero no ha sido hasta el 9 de junio de 2004 cuando se ha abierto en Internet la dirección http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm en la que se encuentra la lista electrónica de las personas y organizaciones calificadas de terroristas por la UE, descargable en 45 segundos siempre que se disponga de un acceso a través de ADSL . Los bancos europeos podrán incorporar a sus intranets la citada lista, pero no están obligados imperativamente.
.
Para el comisario de Exteriores, Chris Patten, esta lista es una herramienta nueva importante en la lucha contra el terrorismo en la que la Comisión confía totalmente. Los bancos, por su parte, han dicho esta cooperación entre las federaciones del sector bancario y la Comisión Europea es un muy buen ejemplo de un proyecto público-privado eficaz para la sociedad en el campo de la política de seguridad
Los datos incluidos son el nombre y el apodo, el número de pasaporte, la nacionalidad, la función o cargo y sus direcciones conocidas. No es mucho, pero es un paso en la dirección acertada.
Sin embargo y pese a la bondad de la iniciativa, se ha tardado tres años en implementarla. En ese tiempo han ocurrido sucesos como los atentados de Madrid y se han descubierto decenas de tramas terroristas repartidas por toda Europa.
La existencia de paraísos fiscales, de bolsas de absoluta opacidad financiera, mantienen un excelente y bien engrasado dispositivo de blanqueo de dinero a escala planetaria que solo beneficia a la delincuencia organizada. Los acuerdos de los organismos internacionales para combatir los flujos ilegales de dinero no pueden ser operativos y viables mientras el secreto bancario esté mitificado y elevado a la condición de tabú en el sector financiero.
En este primer lustro del siglo XXI urge asumir que el destierro del anonimato en las comunicaciones y en todos los tipos de transacciones: económicas, comerciales, culturales es el requisito indispensable para la eficacia en la lucha contra la amenaza terrorista.
La erradicación del anonimato implica la universalización del censo de habitantes en todo el planeta, la identificación digital segura de todas las personas y la individualización de todos los procesos que se realizan en la vida cotidiana. También la individualización de la propiedad y su certificación pública como propone el peruano Hernando de Soto o la titulización de la tierra, por pequeña que sea la parcela.
Sin embargo, la realidad diaria con la que convivimos es radicalmente distinta. Millones de personas son relegadas a un limbo de alegalidad e ilegalidades, del que no pueden salir porque no tienen personalidad jurídica alguna. Sencillamente, no existen para su Estado, ni para ningún otro estado del planeta.
Se ha repetido en los últimos años que sólo en Manhattan hay más teléfonos que en muchos países de Africa, pero idéntica afirmación cabe hacer sobre el número de direcciones postales o de titulares de cuentas bancarias. Pienso que la primera prioridad de la ayuda a los países en desarrollo debería ser la de censar a sus habitantes, identificarlos y reconocer sus propiedades.
La otra combinación o ecuación virtuosa para intentar reducir las amenazas al desarrollo pacífico de la Humanidad es el compromiso de no injerencia de los principios religiosos en la vida política de los pueblos y la renuncia al concepto de soberanía exclusiva en todos los ámbitos de la actividad colectiva.
Autor: Angel Fernández Millán, periodista
Fecha: 3 de enero de 2005
La pregunta que da título a esta reflexión nos lleva a otra: ¿Para qué están los ejércitos?. Con la Constitución en la mano de cada uno de los países europeos se responderá que para defender la integridad territorial y los intereses de cada nación de ataques del exterior. Pero la definición del papel de los ejércitos en los textos constitucionales ha quedado practicamente inservible para dar respuesta a las demandas de las sociedades actuales.
Hoy, el o los enemigos se han globalizado por una parte y se han deslocalizado por otra. Ya no están en la trinchera de enfrente, ni al otro lado de la frontera. Tampoco sirven las maquetas de los grandes campos de batalla de antaño para ensayar conflictos futuros. Hoy, los enemigos son las organizaciones criminales que trafican con personas en busca de una vida mejor, con drogas, con armas o con diamantes ensangrentados. Los enemigos ya no viajan en carros de combate o en fragatas erizadas de misiles. Utilizan inocentes pesqueros, agradables embarcaciones de recreo, camiones de mercancías o furgonetas de reparto de comida a domicilio cargadas de explosivos.
Hasta ahora, la seguridad era un atributo, un patrimonio más del poder establecido. Las tropas y las fuerzas de seguridad guardaban, fundamentalmente, los bastiones y las fortalezas del Estado: sus redes de cuarteles, de oficinas de recaudación de tributos, de comisarías,... En la actualidad, todo el tejido social y las estructuras de las sociedades desarrolladas son objetivos del terror organizado. La utilización de aviones y trenes como vectores de los ataques, la no distinción entre objetivos civiles y militares, así como la estrategia deliberada de atacar las grandes concentraciones humanas, configuran un escenario en que toda la imaginación y la creatividad posibles se quedan cortas para prevenir los sueños negros de los terroristas.
Por todo ello, el papel de los ejércitos, las misiones a desempeñar por las Fuerzas Armadas han de ser revisadas a fondo para adaptarlas a las necesidades del presente y del porvenir. Las marinas y las fuerzas aéreas son los instrumentos más utilizables por el Estado para ayudar a que se cumpla la ley por tierra, mar y aire. El miedo de los políticos y de la sociedad al poder militar ha mantenido a los profesionales de la milicia alejados de cambios e innovaciones organizativas.
Se podrá invocar la creciente participación de las Fuerzas Armadas en misiones humanitarias y en fuerzas de interposición para apoyar la tesis del cambio militar ocurrido en Europa en los últimos sesenta años, pero la realidad es que las bases aéreas y navales, no son otra cosa que gigantescos aparcamientos de barcos y aviones a la espera de una crisis más o menos cercana. Entretanto, la colaboración de los ejércitos en operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad sigue siendo la excepción que confirma la regla.
Los recursos materiales y humanos de las marinas militares deben ser empleados con eficacia y rentabilidad social, porque están pagados con el dinero de nuestros impuestos. Si las embarcaciones de los servicios policiales marítimos son insuficientes para atender las necesidades más perentorias o si las empresas de salvamento y rescate no cumplen con sus obligaciones, hay que recurrir a las Fuerzas Navales. Igual que hay que pedir a la Aviación para la vigilancia costera y la prevención de las infracciones que cometen las navieras sin escrúpulos que atentan contra el medio ambiente, la seguridad y la vida de las especies marinas.
La ciudadanía responsable tiene que decir no a los políticos irresponsables que malgastan el dinero de sus presupuestos enviando a sus soldados a guerras de agresión y juegan con la vida de los hijos del prójimo, pero nunca con la de los suyos. Pero todos tenemos que apoyar el empleo eficaz de los ejércitos en la solución de los problemas de seguridad para los que solo infraestructuras potentes como las militares pueden hacer frente con garantía de eficacia.
Es verdad que, tras el 11 de septiembre de 2001 y después del 11 de marzo de 2004, se han empleado miles de soldados en toda Europa para vigilar vías férreas, presas, puertos y aeropuertos, pero una vez más los gobiernos han empleado criterios obsoletos para intentar solucionar los problemas de un presente en contínuo cambio. Se han utilizado parámetros cuantitativos y no cualitativos: la fuerza del número, de la cantidad en vez de soluciones innovadoras.
Las respuestas creativas a las viejos y nuevos problemas que plantea la inseguridad global creada por el terrorismo difuso de Al Qaeda y sus miles de células durmientes y muy despiertas, al mismo tiempo, encuentra una notable resistencia en los cuadros dirigentes de los sectores públicos y privados.
En Argentina, cerca de un cuarto de millón de personas se han manifestado y han pedido por escrito al Parlamento una serie de medidas muy concretas para luchar contra el crímen organizado. Entre ellas está la supresión de las tarjetas prepagadas y anónimas para los usuarios de los teléfonos móviles, una medida que el Ministerio del Interior de España quiere implantar y que pide a la Unión Europea que se extienda a los 25 países que la integran, sin que la UE hasta el momento haya sido muy receptiva, a pesar de lo eficaz de la medida en la lucha contra la delincuencia.
La resistencia a los cambios legislativos y normativos que se introducen para ser eficaces en la lucha contra la amenaza terrorista es moneda corriente en los grandes lobbys de las multinacionales del dinero y del crédito en Europa. Una de las iniciativas de la estrategia europea acordada tras el 11 de septiembre para combatir el terrorismo fue la creación de una base de datos en colaboración con las cuatro federaciones europeas de entidades de crédito ( la Federación Europea de Bancos, el Grupo Europeo de Cajas de Ahorro, la Asociación Europea de Cooperativas de Bancos y la Asociación Europea de Bancos Públicos) que incluyera a las personas y grupos sancionados por la UE por su vinculación con el terrorismo y los regímenes castigados por violar los derechos humanos.
La medida se acordó ponerla en práctica en octubre de 2003, pero no ha sido hasta el 9 de junio de 2004 cuando se ha abierto en Internet la dirección http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm en la que se encuentra la lista electrónica de las personas y organizaciones calificadas de terroristas por la UE, descargable en 45 segundos siempre que se disponga de un acceso a través de ADSL . Los bancos europeos podrán incorporar a sus intranets la citada lista, pero no están obligados imperativamente.
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Para el comisario de Exteriores, Chris Patten, esta lista es una herramienta nueva importante en la lucha contra el terrorismo en la que la Comisión confía totalmente. Los bancos, por su parte, han dicho esta cooperación entre las federaciones del sector bancario y la Comisión Europea es un muy buen ejemplo de un proyecto público-privado eficaz para la sociedad en el campo de la política de seguridad
Los datos incluidos son el nombre y el apodo, el número de pasaporte, la nacionalidad, la función o cargo y sus direcciones conocidas. No es mucho, pero es un paso en la dirección acertada.
Sin embargo y pese a la bondad de la iniciativa, se ha tardado tres años en implementarla. En ese tiempo han ocurrido sucesos como los atentados de Madrid y se han descubierto decenas de tramas terroristas repartidas por toda Europa.
La existencia de paraísos fiscales, de bolsas de absoluta opacidad financiera, mantienen un excelente y bien engrasado dispositivo de blanqueo de dinero a escala planetaria que solo beneficia a la delincuencia organizada. Los acuerdos de los organismos internacionales para combatir los flujos ilegales de dinero no pueden ser operativos y viables mientras el secreto bancario esté mitificado y elevado a la condición de tabú en el sector financiero.
En este primer lustro del siglo XXI urge asumir que el destierro del anonimato en las comunicaciones y en todos los tipos de transacciones: económicas, comerciales, culturales es el requisito indispensable para la eficacia en la lucha contra la amenaza terrorista.
La erradicación del anonimato implica la universalización del censo de habitantes en todo el planeta, la identificación digital segura de todas las personas y la individualización de todos los procesos que se realizan en la vida cotidiana. También la individualización de la propiedad y su certificación pública como propone el peruano Hernando de Soto o la titulización de la tierra, por pequeña que sea la parcela.
Sin embargo, la realidad diaria con la que convivimos es radicalmente distinta. Millones de personas son relegadas a un limbo de alegalidad e ilegalidades, del que no pueden salir porque no tienen personalidad jurídica alguna. Sencillamente, no existen para su Estado, ni para ningún otro estado del planeta.
Se ha repetido en los últimos años que sólo en Manhattan hay más teléfonos que en muchos países de Africa, pero idéntica afirmación cabe hacer sobre el número de direcciones postales o de titulares de cuentas bancarias. Pienso que la primera prioridad de la ayuda a los países en desarrollo debería ser la de censar a sus habitantes, identificarlos y reconocer sus propiedades.
La otra combinación o ecuación virtuosa para intentar reducir las amenazas al desarrollo pacífico de la Humanidad es el compromiso de no injerencia de los principios religiosos en la vida política de los pueblos y la renuncia al concepto de soberanía exclusiva en todos los ámbitos de la actividad colectiva.
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