INNOVAR PARA PROGRESAR

"Mejor acompañados/as", taller para fomentar las asociaciones

Fri, 06 Nov 2009 23:41:00 +0000

Miembros de ADIA imparten hasta el 3 de diciembre de 2009 un Taller para el Fomento del Asociacionismo que bajo el título de "Mejor acompañados/as" ha organizado la Delegación de Bienestar Social y Cooperación Humanitaria del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en el Centro Cívico Nueva Sevilla.

Las sesiones se desarrollan de seis a ocho y media de la tarde los miércoles 11, 18 y 25 de noviembre y 3 de diciembre de 2009.

Por la desnuclearización de los mares

Sun, 09 Jan 2005 00:47:00 +0000

Con más de un centenar de submarinos nucleares de diversas nacionalidades:Rusia, USA, GRan Bretaña, Francia,... navegando por los mares y océanos del planeta, se hace necesario plantear desde Andalucía la iniciativa de amarrar todos los submarinos nucleares existentes en el mundo al día de hoy, prohibir su fabricación de ahora en adelante y reconvertir los que se encuentren en construcción en sumergibles convencionales.

Igual que se logró en su día un tratado de prohibición de explosiones nucleares y se trabaja en promover moratorias en la puesta en marcha de centrales nucleares, los movimientos ecologistas y ciudadanos, los partidos políticos progresistas y los organismos internacionales (ONU, UE, OUA,) deben unirse en un gran clamor universal contra la inseguridad generalizada a la que someten a la población de la Tierra los ejércitos de los estados y las grandes multinacionales de la industria nuclear.

España, que no es una potencia nuclear, debería promover las iniciativas convenientes para hacer realidad la desnuclearización de los mares. Pero, la ambiciosa meta planteada no debe tapar las inquietudes más cercanas como las derivadas de los vertidos cotidianos de residuos petrolíferos en el Mediterráneo. En todo lo expuesto nos va el futuro y el presente, si de verdad estamos por un desarrollo sostenible de los recursos naturales.

Autor: Angel Fernández Millán

HACIA UNA NUEVA CIUDADANÍA ECOLÓGICA

Tue, 04 Jan 2005 20:40:00 +0000

LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DOMESTICAS DE LA CIUDADANÍA ECOLÓGICA

Ángel Fernández Millán, periodista ( afmillan@andaluciajunta.es )

La ascendente complejidad de la oferta de bienes y servicios obliga a que cualquier producto por simple que sea incorpore su manual de uso o de instrucciones que ayude a una eficaz utilización del mismo. Así las cosas, el progreso en sentido amplio nos va consumiendo el tiempo, nuestra propiedad personal más importante y muy por encima del poder y del dinero.

Hasta hace poco tiempo una lata de fabada, por ejemplo, incorporaba en su etiqueta los siguientes datos: ingredientes y calentar al baño maría durante 3 minutos o abrir la lata y calentar en una cacerola durante X tiempo. Ahora, la misma lata tiene una etiqueta mucho más densa: información nutricional, instrucciones para microondas, sugerencias de presentación, servicio de atención al consumidor, recomendaciones complementarias (depositar la lata vacía en los contenedores amarillos, ...).

Leer integramente el etiquetado de todos los productos que usamos lleva su tiempo. Si decidimos pasar de la conveniencia de leernos la letra pequeña, contraemos una cierta mala conciencia. Pero, la realidad se impone y la letra pequeña encierra grandes verdades.

A la hora de desprendernos de lo usado, la voz de la conciencia nos asalta de nuevo. Tiro el brik de leche a la basura sin más. O cumplo como buen ciudadano y selecciono mis residuos en casa para depositarlos en los respectivos contenedores. Si opto por el buen camino, la cosa se complica. El brik debe ser reducido a su mínimo volumen: desplegarle los pliegues y aplastarlo, lo mismo debe hacerse con las botellas de agua mineral o con cualquier envase de PET.

Una correcta selección de las basuras obliga a tener un cubo con cuatro compartimentos: materia orgánica, papel, vidrio y plásticos-latas, que cuesta cuatro veces más que el cubo de toda la vida y tiene un mantenimiento igual de caro, porque hay que emplear cuatro bolsas especiales para cada uno de los compartimentos. Si optamos por la selección con una infraestructura más modesta, deberemos tener en la cocina o el trastero el cubo de basura más tres bolsas, una por cada uno de los tipos de residuos a recuperar.

La historia no termina aquí. Lo normal es que en las cercanías de nuestra vivienda no coincidan en un mismo punto los cuatro contenedores de recogida selectiva. Con mucha suerte tendremos a mano dos o tres contenedores, por lo que la tercera o cuarta bolsa habrá que llevarla andando o en coche a su contenedor de destino. Como la perfección no tiene límites, cuando por fín arrojamos los periódicos usados al contenedor azul, nos quedamos con la bolsa vacía en la mano y hay que buscar una papelera o un contenedor de basura en los alrededores para deshacernos de ella y no siempre hay suerte.

La Historia Interminable de Michael Ende se queda en pañales si comprobamos que el contenedor de papel está lleno y hacemos caso de la invitación: Si observa que este contenedor está lleno, avise por favor al 902... O llevamos algo que escriba y un papel o memorizamos el número. Luego, de vuelta a casa o al trabajo intentaremos llamar y comprobaremos que el horario de atención del servicio no corresponde con nuestras disponibilidades de tiempo.

A todo esto nos hemos olvidado de recordar que las bolsas de basura con residuos orgánicos deben ser depositadas entre las siete de la tarde y las diez de la noche, si no lo hacemos así el Ayuntamiento nos crea también conciencia de mal ciudadano.

Las administraciones locales exigen cada día más al ciudadano para que éste facilite la gestión de los servicios municipales, suben los impuestos y a cambio se olvidan de brindar siquiera alguna(s) ventaja(s) al ciudadano cumplidor y cívico.

La realidad cotidiana es muy distinta a la descrita hasta aquí: el personal no cierra la tapa de los contenedores, se dejan las bolsas con papel usado a los pies de los contenedores azules y los contenedores amarillos tienen poco uso. Si la dinámica sigue como hasta hoy, el vecino poco cívico es el que sale ganando en tiempo y dinero, mientras el bueno es penalizado al emplear su tiempo en cumplir con las normas y recomendaciones sin ninguna contraprestación a cambio.

¿ Ha visto a alguien de su barrio que tenga perro recoger los excrementos de su mascota. Si la respuesta en positiva, escríbame con el nombre y lo colocamos en el cuadro de honor de la ciudadanía responsable.

Cómo responder a la amenaza terrorista

Mon, 03 Jan 2005 19:51:00 +0000

¿Cómo puede responder Europa con eficacia a la amenaza terrorista?

Autor: Angel Fernández Millán, periodista

Fecha: 3 de enero de 2005
La pregunta que da título a esta reflexión nos lleva a otra: ¿Para qué están los ejércitos?. Con la Constitución en la mano de cada uno de los países europeos se responderá que para defender la integridad territorial y los intereses de cada nación de ataques del exterior. Pero la definición del papel de los ejércitos en los textos constitucionales ha quedado practicamente inservible para dar respuesta a las demandas de las sociedades actuales.

Hoy, el o los enemigos se han globalizado por una parte y se han deslocalizado por otra. Ya no están en la trinchera de enfrente, ni al otro lado de la frontera. Tampoco sirven las maquetas de los grandes campos de batalla de antaño para ensayar conflictos futuros. Hoy, los enemigos son las organizaciones criminales que trafican con personas en busca de una vida mejor, con drogas, con armas o con diamantes ensangrentados. Los enemigos ya no viajan en carros de combate o en fragatas erizadas de misiles. Utilizan inocentes pesqueros, agradables embarcaciones de recreo, camiones de mercancías o furgonetas de reparto de comida a domicilio cargadas de explosivos.

Hasta ahora, la seguridad era un atributo, un patrimonio más del poder establecido. Las tropas y las fuerzas de seguridad guardaban, fundamentalmente, los bastiones y las fortalezas del Estado: sus redes de cuarteles, de oficinas de recaudación de tributos, de comisarías,... En la actualidad, todo el tejido social y las estructuras de las sociedades desarrolladas son objetivos del terror organizado. La utilización de aviones y trenes como vectores de los ataques, la no distinción entre objetivos civiles y militares, así como la estrategia deliberada de atacar las grandes concentraciones humanas, configuran un escenario en que toda la imaginación y la creatividad posibles se quedan cortas para prevenir los sueños negros de los terroristas.

Por todo ello, el papel de los ejércitos, las misiones a desempeñar por las Fuerzas Armadas han de ser revisadas a fondo para adaptarlas a las necesidades del presente y del porvenir. Las marinas y las fuerzas aéreas son los instrumentos más utilizables por el Estado para ayudar a que se cumpla la ley por tierra, mar y aire. El miedo de los políticos y de la sociedad al poder militar ha mantenido a los profesionales de la milicia alejados de cambios e innovaciones organizativas.

Se podrá invocar la creciente participación de las Fuerzas Armadas en misiones humanitarias y en fuerzas de interposición para apoyar la tesis del cambio militar ocurrido en Europa en los últimos sesenta años, pero la realidad es que las bases aéreas y navales, no son otra cosa que gigantescos aparcamientos de barcos y aviones a la espera de una crisis más o menos cercana. Entretanto, la colaboración de los ejércitos en operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad sigue siendo la excepción que confirma la regla.

Los recursos materiales y humanos de las marinas militares deben ser empleados con eficacia y rentabilidad social, porque están pagados con el dinero de nuestros impuestos. Si las embarcaciones de los servicios policiales marítimos son insuficientes para atender las necesidades más perentorias o si las empresas de salvamento y rescate no cumplen con sus obligaciones, hay que recurrir a las Fuerzas Navales. Igual que hay que pedir a la Aviación para la vigilancia costera y la prevención de las infracciones que cometen las navieras sin escrúpulos que atentan contra el medio ambiente, la seguridad y la vida de las especies marinas.

La ciudadanía responsable tiene que decir no a los políticos irresponsables que malgastan el dinero de sus presupuestos enviando a sus soldados a guerras de agresión y juegan con la vida de los hijos del prójimo, pero nunca con la de los suyos. Pero todos tenemos que apoyar el empleo eficaz de los ejércitos en la solución de los problemas de seguridad para los que solo infraestructuras potentes como las militares pueden hacer frente con garantía de eficacia.

Es verdad que, tras el 11 de septiembre de 2001 y después del 11 de marzo de 2004, se han empleado miles de soldados en toda Europa para vigilar vías férreas, presas, puertos y aeropuertos, pero una vez más los gobiernos han empleado criterios obsoletos para intentar solucionar los problemas de un presente en contínuo cambio. Se han utilizado parámetros cuantitativos y no cualitativos: la fuerza del número, de la cantidad en vez de soluciones innovadoras.

Las respuestas creativas a las viejos y nuevos problemas que plantea la inseguridad global creada por el terrorismo difuso de Al Qaeda y sus miles de células durmientes y muy despiertas, al mismo tiempo, encuentra una notable resistencia en los cuadros dirigentes de los sectores públicos y privados.

En Argentina, cerca de un cuarto de millón de personas se han manifestado y han pedido por escrito al Parlamento una serie de medidas muy concretas para luchar contra el crímen organizado. Entre ellas está la supresión de las tarjetas prepagadas y anónimas para los usuarios de los teléfonos móviles, una medida que el Ministerio del Interior de España quiere implantar y que pide a la Unión Europea que se extienda a los 25 países que la integran, sin que la UE hasta el momento haya sido muy receptiva, a pesar de lo eficaz de la medida en la lucha contra la delincuencia.

La resistencia a los cambios legislativos y normativos que se introducen para ser eficaces en la lucha contra la amenaza terrorista es moneda corriente en los grandes lobbys de las multinacionales del dinero y del crédito en Europa. Una de las iniciativas de la estrategia europea acordada tras el 11 de septiembre para combatir el terrorismo fue la creación de una base de datos en colaboración con las cuatro federaciones europeas de entidades de crédito ( la Federación Europea de Bancos, el Grupo Europeo de Cajas de Ahorro, la Asociación Europea de Cooperativas de Bancos y la Asociación Europea de Bancos Públicos) que incluyera a las personas y grupos sancionados por la UE por su vinculación con el terrorismo y los regímenes castigados por violar los derechos humanos.

La medida se acordó ponerla en práctica en octubre de 2003, pero no ha sido hasta el 9 de junio de 2004 cuando se ha abierto en Internet la dirección http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm en la que se encuentra la lista electrónica de las personas y organizaciones calificadas de terroristas por la UE, descargable en 45 segundos siempre que se disponga de un acceso a través de ADSL . Los bancos europeos podrán incorporar a sus intranets la citada lista, pero no están obligados imperativamente.

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Para el comisario de Exteriores, Chris Patten, esta lista es una herramienta nueva importante en la lucha contra el terrorismo en la que la Comisión confía totalmente. Los bancos, por su parte, han dicho esta cooperación entre las federaciones del sector bancario y la Comisión Europea es un muy buen ejemplo de un proyecto público-privado eficaz para la sociedad en el campo de la política de seguridad

Los datos incluidos son el nombre y el apodo, el número de pasaporte, la nacionalidad, la función o cargo y sus direcciones conocidas. No es mucho, pero es un paso en la dirección acertada.

Sin embargo y pese a la bondad de la iniciativa, se ha tardado tres años en implementarla. En ese tiempo han ocurrido sucesos como los atentados de Madrid y se han descubierto decenas de tramas terroristas repartidas por toda Europa.

La existencia de paraísos fiscales, de bolsas de absoluta opacidad financiera, mantienen un excelente y bien engrasado dispositivo de blanqueo de dinero a escala planetaria que solo beneficia a la delincuencia organizada. Los acuerdos de los organismos internacionales para combatir los flujos ilegales de dinero no pueden ser operativos y viables mientras el secreto bancario esté mitificado y elevado a la condición de tabú en el sector financiero.

En este primer lustro del siglo XXI urge asumir que el destierro del anonimato en las comunicaciones y en todos los tipos de transacciones: económicas, comerciales, culturales es el requisito indispensable para la eficacia en la lucha contra la amenaza terrorista.

La erradicación del anonimato implica la universalización del censo de habitantes en todo el planeta, la identificación digital segura de todas las personas y la individualización de todos los procesos que se realizan en la vida cotidiana. También la individualización de la propiedad y su certificación pública como propone el peruano Hernando de Soto o la titulización de la tierra, por pequeña que sea la parcela.

Sin embargo, la realidad diaria con la que convivimos es radicalmente distinta. Millones de personas son relegadas a un limbo de alegalidad e ilegalidades, del que no pueden salir porque no tienen personalidad jurídica alguna. Sencillamente, no existen para su Estado, ni para ningún otro estado del planeta.

Se ha repetido en los últimos años que sólo en Manhattan hay más teléfonos que en muchos países de Africa, pero idéntica afirmación cabe hacer sobre el número de direcciones postales o de titulares de cuentas bancarias. Pienso que la primera prioridad de la ayuda a los países en desarrollo debería ser la de censar a sus habitantes, identificarlos y reconocer sus propiedades.

La otra combinación o ecuación virtuosa para intentar reducir las amenazas al desarrollo pacífico de la Humanidad es el compromiso de no injerencia de los principios religiosos en la vida política de los pueblos y la renuncia al concepto de soberanía exclusiva en todos los ámbitos de la actividad colectiva.

11 PROPUESTAS PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO

Sun, 28 Nov 2004 22:15:00 +0000

Sugerencias sobre Seguridad Vial

En el contexto del Programa de Acción Europeo de Seguridad Vial 2003-2010 ( http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l24257.htm ) y con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2004 (del 16 al 22 de septiembre con el lema "Calles seguras para los niños"), la Asociación para el Desarrollo de la Innovación en Andalucía (ADIA) ha elaborado un dossier de iniciativas, cuya implantación podría contribuir a reducir el número de muertos en accidentes de tráfico a la mitad de aquí a 2010, así como a disminuir los robos de vehículos y su uso delictivo. El común denominador de las sugerencias y medidas que se proponen es que todas ellas están por estrenar en España. Para luchar contra la inseguridad vial la DGT ha anunciado, entre otras medidas, el carnet por puntos, el aumento de los controles de velocidad y alcoholemia, el incremento de la publicidad sobre los buenos hábitos de conducción y la difusión de mensajes y consejos de advertencia por los paneles informativos móviles de las carreteras.

Sin embargo, no se ha planteado la posibilidad de extender la implantación del tacógrafo o "caja negra" de los autobuses y camiones de más de tres toneladas y media a la totalidad de los turismos y motocicletas. La versión digital de este aparato de control será obligatoria a partir de agosto de 2005. Tras varios aplazamientos, parece que ahora la fecha anunciada será definitiva. La innovación permitirá controlar y verificar el tiempo de cada conductor al volante, la velocidad, los kilómetros recorridos y si ha superado los límites de velocidad establecidos para el vehículo en cuestión.

La versión analógica del tacógrafo sólo medía los parámetros señalados, pero referidos tan sólo al vehículo, lo que permitía un mayor margen para el fraude. Este dispositivo que, por ahora, solo se exige a camiones y autobuses ha demostrado ya durante años su eficacia para aumentar la seguridad del transporte por carretera y como elemento disuasor de posibles infracciones a cometer por el conductor.

Ahora, se trataría de dar un paso más y de plantear su universalización en toda la Unión Europea.

La segunda medida que se propone es la obligatoriedad de circular con las luces de cruce durante el día a todos los vehículos, una exigencia que sólo rige ahora para las motos.

La tercera propuesta es la inmovilización o incautación temporal de los vehículos que circulen sin seguro, medida que el gobierno británico acaba de anunciar.

La cuarta, la inmovilización de las motos y ciclomotores cuyos conductores circulen sin casco, medida ésta que el director general de Tráfico ha pedido por carta a los dos mil alcaldes españoles con policía local y que, por ahora, ha tenido una desigual respuesta.

La quinta, un plan plurianual y progresivo para iluminar con dispositivos de energías renovables la red estatal de carreteras y las vías de mayor densidad de tráfico.

La sexta, la promoción del uso compartido de vehículos privados en los desplazamientos diarios a los lugares de trabajo. Veáse el libro "El acceso sostenible al lugar de trabajo", editado por Comisiones Obreras de Cataluña.

La séptima es la extensión a los 365 días del año de las campañas publicitarias institucionales sobre seguridad víal.

La octava, la promoción y publicidad del uso del transporte colectivo a lo largo de todo el año con cargo a los presupuestos estatales de publicidad institucional.

La novena, la puesta en marcha de actividades de estimulación al uso de la bicicleta y los patines en todos los centros de enseñanza primaria y secundaria.

La décima, la obligatoriedad de que todos los turismos incorporen de serie un paquete de dispositivos de seguridad: limitador de velocidad, GPS combinado con GSM, sensor de alcohol para el conductor y control de la presión de los neumáticos, manos libres para el teléfono.

La undécima, obligar a todos los vehículos a circular durante el día con las luces de cruce, como se ha hecho en Francia desde el pasado 30 de octubre

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA

Wed, 17 Nov 2004 20:32:00 +0000

Internet como remedio a la opacidad de las organizaciones

MÁS INFORMACIÓN PÚBLICA Y MAYOR TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

¿Cómo era la información pública antes de Internet?. Era costosa de obtener y utilizar. Cuando se demandaba había que esperar a su remisión por correo ordinario o ir a recogerla, era lenta y se buscaba la opacidad como norma. Pero la red de redes, pese a la enorme transformación que ha supuesto en la gestión de la información, no ha terminado con la opacidad y le queda mucho para hacer realidad la ideal transparencia de las administraciones públicas.

La no transparencia es garantía de impunidad, de malas prácticas y, como mínimo, de despilfarro de recursos. En España, sólo las empresas que cotizan en bolsa están obligadas por ley a suministrar determinadas informaciones a través de sus sitios en Internet. Para el resto de las empresas no se ha legislado nada, pero tampoco se ha legislado sobre las informaciones que deberían estar obligadas a dar las distintas administraciones. Las cartas de servicios que algunas áreas de la Administración empiezan a difundir fijan pocas obligaciones informativas, porque insisten especialmente en la gestión de trámites administrativos.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió en la campaña electoral del 14-M una ley que regulara la información publica, pero por ahora nadie del Gobierno se ha referido a ella.

Desde la Asociación para el Desarrollo de la Innovación en Andalucía (ADIA) proponemos la elaboración de una ley orgánica que garantice el acceso a la información pública de las distintas administraciones: estatal, autónoma, provincial y local por parte de los ciudadanos. El ámbito de esta norma abarcaría también a todos los entes dependientes de la Administración: empresas públicas, fundaciones, patronatos, mancomunidades de municipios, institutos, empresas privadas con concesiones administrativas para la gestión de determinados servicios, universidades, centros de enseñanza, centros médicos,...así como a todas las empresas, profesionales autónomos y asociaciones de todo tipo registradas ante una administración pública.

Desde el poder, la norma ha sido siempre la de restringir el acceso, reservar las informaciones más valiosas con la excusa del derecho a la intimidad o de los intereses de estado o de la defensa del país.
Para superar esta dialéctica de cartas marcadas, planteamos la necesidad de fijar previamente los contenidos de libre acceso que deben respaldar la información pública a suministrar.

La futura Ley de Información Pública debe contemplar como escenario ideal la máxima transparencia de las organizaciones, que es también la condición para el funcionamiento del libre mercado.

No habría que acometer costosos estudios e investigaciones para conocer la realidad de un sector cualquiera de nuestra economía, si hubiera transparencia e información pública de las empresas que operan en nuestro país.

La información a publicar debe tasarse, no puede depender de la voluntad de cada entidad.

La información administrativa se niega a los ciudadanos y, también, a las otras administraciones. Hasta hace muy poco tiempo no se ha visto la necesidad urgente de abrir las bases de datos de un organismo público para que otro pueda cruzar o cotejar sus informaciones y evitar, así, situaciones de fraude o infracciones. El siguiente ejemplo no es más que uno de los muchos botones de muestra de la gravedad de la situación apuntada. Los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales e Interior cruzarán sus datos informáticos para evitar los contratos falsos de inmigrantes. Los ordenadores de la Seguridad Social rechazarán automaticamente el alta de `sin papeles´. La noticia se conoció el 10 de septiembre de 2004. El Gobierno no aplicará de manera sistemática este control hasta que no entre en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería.

La información permite el control de los administrados, de los clientes de una empresa,... pero también-el control social de la gestión pública en su conjunto. Los ciudadanos no tienen manera alguna de conocer las infracciones de la ley que se cometen con trascendencia colectiva, por lo que el principio de publicidad como elemento de disuasión del futuro infractor tampoco se aplica. Las administraciones públicas no difunden las sanciones que imponen a los particulares y a otras administraciones. Tampoco la UE ofrece información permanente y actualizada de los incumplimientos de los respectivos gobiernos a la hora de trasponer las directivas europeas. Por ejemplo, la 200/35 de lucha contra la morosidad para reducir el plazo máximo de pago de una deuda, que obliga a las empresas y a la administración pública.

Pero, hay otras muchas cuyo retraso en su entrada en vigor perjudica al conjunto de la sociedad y ésta por desconocimiento no logra articular una eficaz presión social para reivindicarlas.

En Estados Unidos, hay algunos portales sostenidos por organizaciones ciudadanas que ofrecen información actualizada sobre las mentiras y los incumplimientos de promesas del Gobierno. Algo parecido habría que implantar en España.

El debate sobre a qué informaciones se puede acceder sin restricciones está abierto en todos los países democráticos. El derecho a la intimidad, a la confidencialidad de datos personales, a la presunción de inocencia, a no ser discriminado por razón de sexo, religión, orientación sexual, raza,... son inviolables, pero saber en que se gasta el presupuesto de un ayuntamiento hasta el último céntimo debe ser un derecho de todo contribuyente. Los salarios de los funcionarios también deben ser públicos, igual que el listado de los empleados de una entidad pública.

Cuando los trabajadores claman contra la precariedad laboral, la deslocalización o la inseguridad de las condiciones de trabajo, la información podría ayudar a remediar la impunidad de la mayoría de los comportamientos delictivos. Si las administraciones se lamentan de que hay pocos inspectores para controlar el cumplimiento de leyes y normativas, la obligación legal de suministrar determinados datos sobre el funcionamiento de una entidad democratizaría las herramientas de control, posibilitando una mayor eficacia administrativa.

La creciente complejidad de la gestión empresarial e institucional pide una potenciación de los mecanismos de fiscalización y evaluación de su eficacia.

Hasta ahora los poderes públicos se escudaban en que es mucha la información disponible sobre cualquier corporación: ley o decreto de creación en el boletín oficial respectivo, presupuesto anual, auditoría de los tribunales de cuentas,... pero no decían nada sobre el tiempo que hay que emplear para recopilarla. En la actualidad, el reto es que esa información esté ordenada y facilitada para su utilización práctica por los ciudadanos interesados.

No se trata de obligar al que solicita información a que peregrine de oficina en oficina, de lo que se trata es de poner en el sitio virtual de la entidad los vínculos correspondientes a los archivos que guardan la información digitalizada que se busca.

Y ¿por qué no colgar los libros de texto de Internet?

Sun, 14 Nov 2004 20:17:00 +0000

Este texto fue públicado en la edición de Andalucía del diario El País del martes, 9 de noviembre de 2004, dentro del suplemento Aulas:

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunció durante la inauguración del curso escolar 2004/05 en el colegio Jabalcón de la localidad granadina de Baza, que la gratuidad de los libros se implantará en esta legislatura a través de un sistema de préstamo temporal a las familias, de forma que Junta y Estado pagarán los libros que pasarán a pertenecer a los centros educativos, quienes a su vez los prestarán por un año a los alumnos.
Para ello, la Consejería de Educación y el Ministerio llegarán a un acuerdo para unir las ayudas de ambas administraciones en la compra de libros, que tendrán una vida media en los colegios de entre tres y cuatro años, periodo tras el cual quedarán en desuso. Con esta medida, dijo, "puesta en marcha con éxito en otras zonas de la Unión Europea", se alcanzará "la gratuidad total y absoluta de los libros de texto en esta legislatura", al tiempo que "se obliga a los niños y a sus padres a respetar y conservar los libros para los alumnos de cursos venideros", ya que tendrán la obligación de devolverlos al centro al finalizar el año.
Hasta aquí, hemos transcrito el comunicado de la Oficina del Portavoz del Gobierno sobre tan importante anuncio. Pero, desde la Asociación para el Desarrollo de la Innovación en Andalucía (ADIA) queremos hacerle llegar al presidente de la Junta otra propuesta que consideramos más económica, más factible, más eficaz, más innovadora y más respetuosa con las espaldas de nuestro alumnado de primaria y secundaria.
Se trata de colgar los libros de texto de Internet y desde la red descargarlos al ordenador o irlos imprimiendo conforme avanza su estudio a lo largo del curso. La idea la planteó en la primera semana de julio último el ministro italiano de Economía y Hacienda como respuesta a la solicitud de gratuidad de los libros de texto por parte de los padres de alumnos de la enseñanza pública.
La propuesta del administrador de los dineros públicos de Italia no tardó en desatar la polémica. Editores y libreros, a la cabeza de los opositores, lanzaron su artillería para defender las bondades del papel frente al libro electrónico y, sobre todo, sus lógicos intereses económicos.
La iniciativa italiana que ADIA hace suya en Andalucía resulta más económica para la Administración Pública, que pagamos todos con nuestros impuestos, porque sólo tendría que pagar a las empresas editoras la autoría de los textos y el coste del diseño web de los libros. Se ahorraría más del 50% por ciento del precio de cada libro que, como se sabe, se va en el papel, la impresión, la logística (transporte, almacenamiento y distribución). También se ahorraría la Administración el coste añadido que supondría la logística del préstamo a los alumnos y el control de su mantenimiento. Los centros públicos arrastran serios problemas de financiación de sus gastos corrientes como para añadirle otro nuevo, que requeriría personal adicional.
Por todo lo expuesto en la justificación de la bondad económica de la medida, consideramos que es más factible y viable para adelantar su entrada en vigor. También resulta más eficaz porque termina con el problema de la actualización de los libros de texto en papel, cuya obsolescencia aumenta al mismo ritmo que el progreso científico y tecnológico de una sociedad en contínuo cambio.
La sugerencia que planteamos es radicalmente innovadora porque implica un enorme potencial de desarrollo para las plataformas de e-learning que las editoriales y las universidades intentan implantar, porque contribuye a la sostenibilidad medioambiental y a la reducción de las emisiones de CO2 a las que estamos obligados por el Protocolo de Kioto y porque ayuda a reducir la brecha digital en el seno de la sociedad andaluza.
En el citado acto de apertura de curso, Chaves destacó "la apuesta clara" del Gobierno andaluz por las nuevas tecnologías "como herramienta pedagógica", un apartado que el presidente definió como una "necesidad estratégica" de la actual formación escolar. Esto "nos hará más competitivos con respecto a otros países y regiones". Totalmente de acuerdo, presidente, qué mejor impulso para que los ordenadores dejen de usarse por nuestros hijos como sofisticadas estaciones de juego y las familias utilicen la red en el día a día que empezar a suministrar contenidos de uso cotidiano: los libros de texto.
Por si todo esto fuera poco, las espaldas de nuestros hijos lo agradecerán hoy, mañana y en el más lejano futuro, porque ya no tendrán que transportar los libros enteros, sólo los capítulos que tocan.

Angel Fernández Millán, vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo de la Innovación en Andalucía (ADIA)